Solo el PP rechaza la vía de la verificación

bilbao. El regreso a Euskadi de la Comisión de Verificación Internacional (CIV) del alto el fuego de ETA ha dejado una fotografía política de la que solamente el PP se ha quedado fuera. Tanto a nivel del Estado español como de la CAV, los populares siguen creyendo firmemente que el fin del grupo armado llegará con el Estado de Derecho en una mano y con la ley en la otra. Entienden que esas deben ser las reglas del juego y, por tanto, no acatarlas conlleva estar fuera de él.

Después de que todos los partidos vascos -incluido el PSE- dieran por válidas las conclusiones de los verificadores sobre la irreversibilidad del proceso de paz, el Gobierno español volvió a recordar ayer que es el que establece las reglas y, en ese juego, los tiempos de verificación sobre los movimientos de ETA los marcan las distintas policías españolas y no el CIV. "Lo único que le importa al Gobierno es la verificación que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", advirtió ayer Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta y mano derecha de Rajoy en el Ejecutivo.

Pese a la nitidez de estas palabras, el mensaje que el PP desea trasladar a Euskadi no termina de calar en el espectro político abertzale ni tampoco en los socialistas, que han ido modulando su discurso en función de los acontecimientos hasta llegar a reconocer públicamente que mantienen un canal de comunicación "abierto" con el CIV cuando hace tres meses les acusaban de "no conocer" la realidad de Euskadi.

De hecho, momentos antes de mantener su primer cara a cara con su homólogo español, el lehendakari abonó ayer la tesis que defienden los expertos internacionales al afirmar con rotundidad que "ETA está parada" y mantiene intactos los compromisos anunciados en su comunicado del pasado 20 de octubre.

Con las autonómicas de 2013 pisándole los talones, Patxi López ha encontrado en el fin de ETA el filón que buscaba para acentuar su perfil de izquierdas y marcar distancias con el PP vasco, su sustento en Ajuria Anea, también alineado con las reglas del juego de Rajoy sobre el fin de ETA. El último ejemplo de esta disparidad que existe en el análisis que realizan PSE y PP lo rubricó ayer Iñaki Oyarzábal, secretario general de los populares vascos, quien aseguró que no se van a "prestar al juego" de quien "contrató" a la Comisión de Verificación Internacional, en referencia a la izquierda abertzale.

En este tira y afloja que mantienen unos y otros por establecer su hoja de ruta en materia de pacificación y normalización política, la antigua Batasuna emplazó ayer a Mariano Rajoy a actuar con "altura de miras" empezando por poner fin a las medidas de excepcionalidad de los presos de ETA. Derogar la doctrina Parot, liberar a los presos enfermos y el acercamiento a las cárceles vascas son exigencias que se mantienen intactas en la agenda de la izquierda abertzale y también en la del PNV, partido que ya planteó a Zapatero la necesidad de ahondar esta vía y que hará lo propio este mismo martes en la reunión que mantendrá Iñigo Urkullu con Rajoy en La Moncloa.

mesa de partidos Consciente de que derogar las medidas de excepcionalidad de los presos sería un golpe demasiado duro de digerir para su electorado en general y para las víctimas en particular, los populares han definido una estrategia que establece la disolución de ETA como punto de arranque de cualquier futura negociación. Hasta que no se den estos elementos, el PP entiende que el tiempo corre a su favor y no parece que vaya a dar pasos para satisfacer ninguna exigencia de ETA, según anunció el pasado martes el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

En contra de lo que adelantó ayer a este periódico Ram Mannikalingan, portavoz de la Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego, Fernández Díaz subrayó en su reunión con la cúpula de Interior del Gobierno vasco que tenía constancia de que ETA intentaba reorganizar su aparato logístico al detectarse "movimientos" de la organización armada en Francia.

Pese a que esta advertencia no generó excesiva confianza entre los partidos -el propio Rodolfo Ares desmintió tajantemente esa información- la Policía francesa detenía un día después en Urruña al miembro de Ekin Ernesto Prat Urzanqui, una actuación que insufló un soplo de aire fresco a las tesis defendidas por el PP de que el fin de la organización armada llegará con el Estado de Derecho en una mano y con la Ley en la otra.

A esta detención se le sumaron las palabras del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que es partidario de continuar aplicando la doctrina Parot más allá del cese de ETA, una declaración de intenciones que choca frontalmente con las aspiraciones de la izquierda abertzale, que ayer volvió a plantear la necesidad de crear una mesa de negociación constituida por los Gobiernos español y francés y la propia banda para abordar la situación de los presos y el desarme.

Según destacó Pello Urizar, secretario general de EA, Europa entera está observando la actitud que adopta el Gobierno de Rajoy en los compases finales de ETA y "no entendería" que se pusieran "trabas" a la oportunidad de poner fin al último conflicto armada del viejo continente. Tras asegurar que el nuevo tiempo de paz en Euskadi es "definitivo", Urizar advirtió de que todavía quedan pasos por dar para consolidar ese escenario. "Queda un camino por recorrer entre todos para asentar una paz duradera y contribuir todos a la convivencia basada en el respeto y la aceptación mutua, con el objetivo de avanzar hacia la reconciliación", aseveró.